Urge una investigación profunda sobre tráfico de armas y municiones hacia Haití

"En principio, la investigación necesita más cabezas que medios” Severo Ochoa.

Ignacio Guerrero.

Resulta altamente preocupante el infor­me emitido por el Panel de Expertos de la Organización de las ­Naciones Unidas (ONU) sobre un supuesto contrabando de armas y municiones que, en el año 2022, habrían sido transportadas desde la República Dominicana hacia Haití.

Según el organismo inter­nacional, esos pertrechos eran utilizados por bandas criminales que, desde hace varias décadas, operan en dicho territorio y mantienen una amplia cade­na de torturas, muertes y desa­pariciones.

Ahora bien, ¿Qué consi­deramos mucho más peligroso con relación al tema que nos ocupa, además del agrio clima de violencia que impera en Haití? Que nues­tro país pueda verse expues­to a sanciones como conse­cuencia de no contar con los mecanismos necesarios para desarrollar una investigación real y efectiva que permita identificar a los responsables y establecer las sanciones correspondientes, caiga quien caiga.

Tanto el presidente Luis Abinader como el actual ministro de las Fuerzas Arma­das, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, deben emplearse a fondo en este asunto. Esto no puede quedarse en el tinte­ro ni limitarse a los titu­lares de los medios de comu­nicación. Se trata de una situación mucho más delicada de lo que algunos han querido reconocer.

Si no se toman las ­medidas correspondientes, podría­mos convertirnos en el escenario propicio para las operaciones de esos ­grupos que masacran a nues­tros vecinos haitianos. Además de la violencia que generan en ese territorio, exis­te el riesgo de que esos mismos pertrechos puedan ser utilizados, llegado el momento, contra nuestro propio país. Ese es el temor latente de muchos de quienes observamos esta situación con detenimiento y sin fanatismos.

El presidente Luis Abinader debe ordenar, cuanto antes, una investigación ­exhaustiva sobre la denuncia de la ONU. Y, si las circuns­tancias lo ameritan, debe hacerlo con la firmeza necesaria para garantizar que el proceso llegue hasta las últimas consecuencias.

Si nuestras autoridades no utilizan los canales corres­pondientes para identificar a quienes habrían ­realizado tales operaciones en perjuicio de nuestras Fuerzas Armadas y del país, podríamos terminar pagan­do consecuencias terribles en el futuro. Estas podrían afectar nuestra imagen ante el resto de Latinoamérica y proyectarnos como una nación con deficiencias en los mecanismos de control y resguardo de sus pertrechos militares. Y eso, más que cualquier otra cosa, resulta altamente peligroso, sobre todo en estos momentos, cuando el mundo se debate entre gruesos nubarrones de incertidumbre y un futuro cada vez más impredecible.