Una mirada a la política desde el barrio/ Entre la necesidad y la dignidad: cuando la política entra por la puerta de atrás

Por Cristalina Jáquez Díaz

La Prensa

La política no siempre entra por la puerta principal. A veces llega en forma de ayuda, de gestión, de favor... Se cuela en lo cotidiano, en lo urgente, en lo que no puede esperar. No llega con discursos ni con propuestas públicas, sino con soluciones concretas: un camión de agua, una cita médica gestionada, una promesa que se cumple más rápido que cualquier trámite institucional.

En muchos barrios de la República Dominicana, la política no se reconoce por su forma tradicional, sino por su capacidad de resolver. No importa tanto el canal como el resultado. Lo que no llega como derecho, llega como gestión. Y en ese tránsito, casi imperceptible, se redefine la relación entre la ciudadanía y el poder.

No se trata de prácticas aisladas ni de decisiones individuales. Se trata de una forma de funcionamiento que emerge allí donde el Estado no logra garantizar lo básico. Cuando los servicios fallan, cuando las respuestas institucionales se retrasan o simplemente no llegan, lo que debería ser universal se vuelve particular. Y en ese escenario, aparecen figuras que median, gestionan y resuelven. Esta forma de presencia desigual del Estado ha sido ampliamente analizada en América Latina, donde la garantía de derechos no siempre se distribuye de manera homogénea en el territorio (O’Donnell, 1993).

En muchos casos, esta dinámica se articula con formas de participación local que surgen como respuesta a vacíos institucionales más que como resultado de políticas públicas planificadas (Ziccardi, 2004).

Ese rol de intermediación no siempre es formal, pero es profundamente político. Puede estar encarnado en un líder comunitario, en un dirigente local o en una figura con acceso a redes de poder. Su función no es solo ayudar, sino conectar: traducir necesidades en respuestas y, al mismo tiempo, convertir esas respuestas en vínculos. Como ha señalado Auyero (2001), estas redes de mediación no solo resuelven necesidades inmediatas, sino que construyen relaciones políticas sostenidas en la reciprocidad y la dependencia.

Ahí es donde la política cambia de forma. Deja de ser un ejercicio público y visible para convertirse en una práctica relacional, muchas veces invisible, sostenida en la cercanía, la confianza y la urgencia. No es la política de las instituciones; es la política de la mediación. Y en ese punto aparece una tensión que atraviesa la vida cotidiana de miles de personas. No es ignorancia. Es sobrevivencia.

Aceptar una ayuda, gestionar un favor o recurrir a un intermediario no responde, en la mayoría de los casos, a una falta de conciencia política. Responde a una necesidad concreta, inmediata e impostergable. Cuando lo que está en juego es el acceso al agua, a la salud o a la seguridad, la decisión no pasa por ideales abstractos, sino por resolver.

Pero esa forma de resolver tiene implicaciones. Cuando el acceso a soluciones depende de vínculos y no de derechos garantizados, la relación entre ciudadanía y Estado se transforma. Lo que debería ser un derecho se experimenta como una concesión. Lo que debería ser universal se vuelve selectivo. Y lo que debería ser impersonal se convierte en una relación personalizada.

En ese proceso, la política deja de organizarse alrededor de normas y se estructura en torno a relaciones. Relaciones que generan lealtades, pero también dependencias. Relaciones que resuelven, pero que al mismo tiempo condicionan. El problema no es la existencia de estas mediaciones, sino las condiciones que las hacen necesarias. Porque cuando el acceso a lo básico depende de quién gestiona y no de lo que corresponde, la igualdad deja de ser un principio y se convierte en una posibilidad.

Y es en ese escenario cuando la dignidad entra en tensión. No porque las personas la pierdan, sino porque se ven obligadas a negociar con ella. Entre lo que se necesita y lo que se debe aceptar, entre lo urgente y lo justo, entre resolver hoy y exigir mañana. Es en ese espacio donde la política deja de ser una elección plenamente libre y se convierte en una decisión condicionada.

Esa tensión no es visible en los discursos oficiales, pero atraviesa la vida cotidiana. Se expresa en silencios, en decisiones que no se explican en público, en apoyos que no siempre responden a convicciones, sino a circunstancias. No es una ciudadanía ausente; es una ciudadanía que opera dentro de márgenes estrechos.

Y es precisamente ahí donde el problema deja de ser individual y se vuelve estructural. Porque cuando las condiciones materiales determinan las decisiones políticas, la democracia deja de funcionar en igualdad de condiciones. No todos eligen desde el mismo lugar. No todos tienen la misma capacidad de decir que no. Y cuando eso ocurre, el voto, la participación y la representación se ven atravesados por desigualdades que no siempre se reconocen. En ese sentido, la ciudadanía se ejerce en condiciones desiguales, lo que impacta directamente la calidad de la democracia (Calderón, 2000).

En ese contexto, el clientelismo no puede entenderse únicamente como una práctica corrupta o una desviación del sistema. Es también una respuesta; problemática, sí; a un sistema que no garantiza lo básico de manera equitativa. Es una forma de organización del acceso, donde lo que debería ser derecho se gestiona como favor. Diversos estudios han mostrado que, en contextos de desigualdad, el clientelismo funciona como un mecanismo cotidiano de acceso a recursos, más que como una anomalía aislada del sistema político (Hilgers, 2012).

Pero normalizar esa lógica tiene consecuencias profundas. Cuando la política se sostiene en relaciones de intercambio desigual, la ciudadanía se fragmenta. Algunos acceden más, otros menos. Algunos tienen intermediarios, otros no.

Y en ese proceso, el Estado deja de ser un garante común para convertirse en un espacio al que se accede de manera diferenciada. La pregunta, entonces, no es por qué estas prácticas existen. La pregunta es por qué siguen siendo necesarias.

Porque mientras lo básico no esté garantizado, la política seguirá entrando por la puerta de atrás. Seguirá operando en lo informal, en lo relacional y en lo urgente. Y seguirá construyendo vínculos que resuelven en el corto plazo, pero que debilitan en el largo. Ahí está el desafío.

No en eliminar las mediaciones sin transformar las condiciones que las hacen imprescindibles, sino en construir un Estado capaz de garantizar derechos sin intermediarios, sin favores y sin condiciones. Un Estado que no obligue a elegir entre necesidad y dignidad. Porque mientras esa elección exista, la democracia seguirá siendo, para muchos, una experiencia incompleta.