La criminalización del motociclista y el fracaso estructural de la seguridad vial

Por Winston Hernández

La Vega.– La reciente ofensiva impulsada desde el Ministerio de Interior y Policía contra los motociclistas dominicanos vuelve a poner sobre la mesa un debate profundamente sensible: la diferencia entre aplicar políticas públicas de movilidad y convertir la seguridad vial en un mecanismo de presión social contra los sectores económicamente vulnerables.

El discurso oficial intenta justificar los operativos masivos bajo la narrativa de la prevención de accidentes y el fortalecimiento del orden público. Sin embargo, el problema de fondo trasciende los controles policiales improvisados y obliga a analizar técnicamente las verdaderas debilidades estructurales del sistema vial dominicano.

En República Dominicana existe un déficit histórico en materia de educación vial, planificación urbana, fiscalización técnica del tránsito y cultura ciudadana. El Estado dominicano nunca desarrolló un modelo integral de movilidad sostenible capaz de organizar el crecimiento acelerado del parque vehicular ni mucho menos de regular eficientemente el fenómeno de la motocicleta como principal medio de transporte popular.

Hoy miles de dominicanos utilizan motocicletas no por preferencia recreativa, sino por necesidad económica. La motocicleta se convirtió en una herramienta de subsistencia dentro de una economía marcada por la pérdida del poder adquisitivo, el incremento del costo de vida y las limitaciones del transporte público. Intentar enfrentar esa realidad exclusivamente mediante operativos coercitivos constituye un error conceptual y estratégico.

Desde el punto de vista técnico, la seguridad vial moderna se fundamenta en cuatro pilares esenciales: educación, ingeniería vial, fiscalización y judicialización efectiva. Ninguno de esos componentes puede sustituirse únicamente con presencia policial en las calles.

El modelo que actualmente se observa transmite una peligrosa percepción de criminalización selectiva. La narrativa pública parece construir la idea de que el motociclista representa automáticamente una amenaza para la seguridad ciudadana, cuando las estadísticas de imprudencia vial involucran también a conductores de vehículos privados, transporte pesado y transporte público.

La problemática del tránsito dominicano no puede analizarse desde criterios clasistas ni desde construcciones populistas orientadas a generar impacto mediático. El desorden vial es sistémico. La ausencia de señalización eficiente, la debilidad institucional en la emisión de licencias, la falta de programas permanentes de educación vial y la limitada capacidad sancionadora de los tribunales especializados forman parte del verdadero núcleo del problema.

Otro elemento preocupante es la utilización recurrente de cuerpos policiales para ejecutar intervenciones propias de organismos técnicos de tránsito. La militarización de los controles viales puede producir tensión social y deteriorar aún más la relación entre ciudadanía y autoridades, especialmente en comunidades empobrecidas donde la motocicleta representa prácticamente el único medio de movilidad disponible.

La seguridad vial no debe gestionarse desde el espectáculo político. Requiere diagnósticos técnicos, políticas interinstitucionales, inversión en infraestructura, regulación inteligente y campañas educativas sostenidas. De lo contrario, el Estado corre el riesgo de sustituir soluciones estructurales por medidas reactivas que solo producen percepción mediática de control.

El desafío del gobierno no consiste en perseguir motociclistas para exhibir autoridad. El verdadero reto consiste en construir un sistema vial funcional, equilibrado y técnicamente sostenible donde la ley se aplique con criterios de proporcionalidad, equidad y respeto a los derechos ciudadanos.

Mientras eso no ocurra, cualquier operativo seguirá siendo interpretado por amplios sectores sociales como una manifestación de presión estatal sobre quienes menos recursos poseen, y no como una política seria de transformación vial.