El Poder Ejecutivo emitió ayer el decreto 610-22, mediante el cual instruye a las instituciones públicas adquirir productos agrícolas crudos, priorizando en las compras por debajo del umbral a los pequeños agricultores familiares y asociaciones o cooperativas, al considerar que el volumen de cosecha no es competitivo en los procedimientos de gran escala. Al motivar la ordenanza, el jefe de Estado indica que la ley de Estrategia Nacional de Desarrollo fomenta el apoyo a la agricultura familiar como medio para contribuir a reducir la pobreza rural y a la seguridad alimentaria y nutricional. El decreto del Poder Ejecutivo dispone para las contrataciones públicas dar prioridad a los agricultores familiares que están en situación de pobreza, conforme los datos del Sistema Único de Beneficiarios (Siuben) o que formen parte del programa Supérate, así como los que hayan sido favorecidos por programas de apoyo económico para realizar inversiones o mejoras en sus cultivos por parte del Gobierno. Le puede interesar: Lo que ha hecho Pro Consumidor con casos de conflictos por aumento en precios de viviendas Asimismo, ordena que el Instituto de Estabilización de Precios (Inespre), el Ministerio de Agricultura, el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop) y Supérate establezcan mecanismos para la adquisición de productos agrícolas a cooperativas y asociaciones integradas por agricultores familiares, tanto en los mercados de productores como en otras actividades que realice el Inespre, en el marco de sus funciones. De acuerdo al artículo 4, el ministerio de Agricultura deberá realizar un levantamiento de la ubicación de los agricultores familiares en el territorio nacional, en un plazo no mayor de tres meses, tanto a los que ejerzan la actividad productiva de forma individual como aquellos que se encuentren asociados en cooperativas o asociaciones de agricultores, así como de los tipos de producción y su capacidad productiva, bajo el Registro Único de Productores. Este inventario deberá ser actualizado por lo menos una vez al año o cuando le sea requerido. Mientras, la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) tendrá la responsabilidad de fomentar en el mercado público la adquisición de los productos provenientes de la agricultura familiar, mediante el diseño de una estrategia de abordaje conjunta con Agricultura, Supérate e Idecoop.
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