Operación SENASA 2.0/Facturaron consultas de ginecología a hombres.
El Ministerio Público, en la solicitud de medida de coerción en contra de los implicados del caso SeNaSa 2.0-A, sostiene que los integrantes de la presunta red que habría defraudado al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) tenían acceso a información confidencial de los afiliados y sus planes de salud, datos que utilizaban para generar autorizaciones médicas fraudulentas y posteriormente reclamar el pago de servicios que no fueron realizados.
La acusación está contenida en la solicitud de medida de coerción de 525 páginas presentada contra 25 personas, entre exempleados de SeNaSa, médicos y particulares, arrestadas durante la denominada Operación SeNaSa 2.0-A.
Los titulares de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho y Mirna Ortiz, sostienen que los imputados conformaron una estructura criminal que utilizaba información privilegiada y el conocimiento de los protocolos internos de la aseguradora estatal para ejecutar distintas maniobras fraudulentas.
De acuerdo con la instancia judicial, los involucrados seleccionaron estratégicamente perfiles de afiliados con un bajo historial de interacción institucional para reducir el riesgo de que las operaciones fueran detectadas.
A partir de esos datos, generaban autorizaciones médicas y reclamaciones a nombre de afiliados que posteriormente declararon no haber recibido los servicios facturados. En algunos casos, los afectados afirmaron que ni siquiera conocían a los médicos vinculados a los reclamos.
Utilizaban nombres falsos
Los fiscales afirman que los miembros de la presunta estructura utilizaron nombres ficticios, entre ellos Pedro Martínez, Ángel Beltré y Amauris Gutiérrez, al momento de comunicarse con el centro de llamadas de SeNaSa para solicitar autorizaciones.
El órgano acusador señala que también empleaban códigos reales de médicos que formaban parte del grupo, quienes habrían recibido beneficios económicos a cambio de permitir el registro de consultas y procedimientos ficticios.
Los recursos obtenidos mediante estas operaciones eran distribuidos entre los integrantes de la red conforme a acuerdos previamente establecidos.
Entre las evidencias descritas por el Ministerio Público figuran casos de personas a cuyo nombre se facturaron servicios médicos que nunca recibieron.
El órgano acusador afirma haber detectado reclamaciones por consultas de ginecología a afiliados masculinos, así como procedimientos ambulatorios tramitados sin historia clínica, descripción quirúrgica, documento de identidad del afiliado ni soportes requeridos.
Asimismo, se identificaron reclamaciones incompletas, sin sello del médico o del prestador de servicios de salud, sin número de afiliación (NAF), teléfono del médico o PSS y ciudad, además de documentos con tachaduras, enmendaduras y errores en la numeración de las autorizaciones y los montos reclamados.
Presunta falsificación de firmas
El Ministerio Público sostiene que la estructura recurrió a la falsificación de firmas de afiliados para elaborar reportes de autorizaciones médicas y sustentar reclamaciones posteriormente cobradas a SeNaSa.
La acusación describe una organización con división de funciones y una distribución acordada de los recursos, en la que sus integrantes intervenían en distintas etapas del fraude: desde la obtención de datos hasta la generación de autorizaciones y la presentación de reclamaciones.
Como parte de la investigación financiera, los fiscales de la Pepca refieren transferencias bancarias entre personas vinculadas a la red, muchas de ellas realizadas sin especificar concepto o utilizando descripciones que buscaban ocultar el origen de los fondos.
Entre los conceptos utilizados en las transferencias aparecen expresiones como “pago a San de madre”, “San de tu madre” y “pago préstamo Ángel Luis Guzmán”.
Para el Ministerio Público, estas operaciones evidencian un intento de dar apariencia de legalidad a los recursos obtenidos mediante las actividades ilícitas atribuida a la estructura criminal.
La solicitud de medida de coerción fue depositada contra los 25 arrestados, a quienes el Ministerio Público imputa haber participado en un esquema organizado para defraudar recursos públicos de SeNaSa mediante el uso irregular de datos de sus afiliados y la facturación de servicios médicos no realizados.
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