José Ernesto Abud: “La responsabilidad de un funcionario comienza antes de que aparezca un expediente”

Afirma que los casos relacionados con SeNaSa e INABIE deben servir para revisar los controles, la selección de funcionarios y la responsabilidad de quienes administran recursos públicos.

POR RAFAEL SANTOS

HERMANAS MIRABAL.– El exalcalde de Villa Tapia y estratega político José Ernesto Abud consideró que las investigaciones y cuestionamientos surgidos alrededor del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) deben servir como una advertencia para quienes actualmente administran recursos del Estado y para quienes aspiran a ocupar funciones públicas en el futuro.

Abud sostuvo que, más allá de las responsabilidades individuales que corresponde establecer a los organismos competentes y a los tribunales, estos casos deben provocar una discusión más profunda sobre los controles internos, la selección de los equipos y la responsabilidad que asume toda persona que acepta administrar recursos públicos.

“Cuando administras el Estado, los recursos que autorizas, supervisas o ejecutas no son tuyos. Pertenecen a la ciudadanía. Esa conciencia debería acompañar cada decisión de un funcionario desde el primer día, no aparecer cuando comienza una investigación”, expresó.

El exalcalde señaló que la integridad en la gestión pública no puede depender únicamente de la actuación posterior de los organismos de persecución, sino que debe traducirse en mecanismos de prevención, supervisión y rendición de cuentas capaces de detectar irregularidades antes de que produzcan consecuencias mayores.

En ese sentido, consideró necesario que las investigaciones relacionadas con SeNaSa continúen hasta determinar las responsabilidades que correspondan, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia de las personas investigadas.

Abud afirmó que un caso de esta naturaleza también debe llevar a quienes aspiran a ejercer funciones públicas a preguntarse qué tipo de controles establecerán, quiénes integrarán sus equipos y cuáles serán los límites que estarán dispuestos a defender cuando tengan poder de decisión.

“Llegar a una posición pública no solamente te entrega autoridad. También te hace responsable de las decisiones que tomas, de los controles que estableces y, en determinados casos, de las señales que decides ignorar. Por eso la ética pública no puede comenzar cuando surge un escándalo”, manifestó.

Sobre INABIE

Al referirse a los cuestionamientos relacionados con el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, Abud consideró que las irregularidades detectadas deben investigarse y corregirse con la misma determinación, debido especialmente a la naturaleza de los servicios que administra esa institución.

La Dirección General de Contrataciones Públicas ha documentado irregularidades en procedimientos del INABIE relacionados con la adquisición de calzado, uniformes, mochilas y kits escolares. Entre los hallazgos reportados figuran deficiencias en evaluaciones, documentación alterada o con indicios de falsedad, así como indicios de colusión y conflictos de interés entre proveedores. La DGCP ordenó anulaciones y reevaluaciones de distintas adjudicaciones.

Asimismo, el INABIE informó este mes la suspensión de contratos de 14 proveedores luego de reinspecciones en las que fueron detectadas instalaciones que no pudieron ser localizadas, diferencias en capacidades declaradas y deficiencias sanitarias, entre otros incumplimientos.

Abud consideró que estos hallazgos requieren respuestas institucionales que permitan establecer qué falló y evitar que situaciones similares vuelvan a producirse.

“No basta con encontrar una irregularidad y sancionarla después. Cada caso debería dejarnos mejores controles para el siguiente proceso. La pregunta que también tenemos que hacernos es qué falló antes y qué debemos cambiar para que el Estado pueda prevenir, no solamente reaccionar”, indicó.

En ese sentido, señaló que corresponde al Gobierno garantizar que las denuncias sustentadas sean investigadas independientemente del nivel político, administrativo o económico de las personas que pudieran resultar involucradas.

También valoró el papel de los organismos de control, del Ministerio Público y del periodismo de investigación en la identificación de posibles irregularidades, al considerar que la fiscalización del poder constituye una pieza necesaria de cualquier sistema democrático.

Finalmente, Abud sostuvo que estos episodios deberían servir también como enseñanza para una nueva generación que aspira a ocupar responsabilidades públicas.

“Quien aspira a llegar al Estado debería preguntarse desde ahora cómo piensa ejercer el poder cuando lo tenga. La integridad no se improvisa cuando llegas al cargo. Se demuestra en las decisiones que tomas cuando tienes autoridad, recursos y presión alrededor”, concluyó.