Derechos Humanos del Nordeste truenan a favor del medio ambiente

Otros temas referidos son: El Código Penal, el sistema penitenciario y la violencia de género.

POR RAFAEL SANTOS.

Parte de los ríos de las comunidades adyacentes a Cotuí se encuentran amenazados por la contaminación que denuncia la CNDH.

SAN FRANCISCO DE MACORIS.-  La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de las provincias Samaná, María Trinidad Sánchez, Sánchez Ramírez, Duarte y Hermanas Mirabal, denunciaron y rechazaron  a la vez, lo que consideraron las graves violaciones a los derechos humanos y al medio ambiente provocadas por la expansión descontrolada de actividades mineras en esta región.

Reunidos en asamblea en esta ciudad, la entidad expresó, que luego de amplios debates y reflexiones en torno a la situación de los derechos humanos en las diferentes comunidades, han llegado a la conclusión de que lo que se está haciendo en el municipio de Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, es algo a lo  que el país completo debe de prestarle la debida atención.

Precisa la entidad, que las operaciones mineras que se desarrollan en dicha zona, por parte de la Barrick Gold Pueblo Viejo, han causado desde ya daños irreparables a los ecosistemas, fuentes hídricas, la salud de las comunidades y los medios de vida rurales, afectando particularmente a sectores vulnerables.

“Expresamos nuestra profunda preocupación ante la aprobación de un nuevo Código Penal regresivo, que atenta gravemente contra los derechos de las mujeres, de las niñas y niños y adolescentes, y que representa un retroceso inadmisible en materia de derechos, equidad y justicia social”, dice la entidad.

La foto presenta parte de la destrucción boscosa en la zona de Cotuí, para darle paso a lo que será la presa de cola que se construye en la comunidad El Higo, de la provincia Sánchez Ramírez.

Otro de los temas tocado por el organismo, es el referente a la crítica situación del sistema penitenciario, marcado por la sobrepoblación carcelaria, condiciones inhumanas, falta de atención integral y ausencia de políticas efectivas de reinserción social.

“Exigimos reformas estructurales urgentes que garanticen un trato digno a las personas privadas de libertad, en consonancia con los estándares internacionales en materia de derechos humanos”, expresan los delegados de las provincias nordestana.

De igual manera denuncia la CNDH de la zona, la persistente violencia de género en las diferentes comunidades así como la escasa atención al tema por parte de las autoridades, al tiempo que manifestaron su preocupación por la manera ligera e insensible, según dicen,  con que en muchos casos el sistema judicial trata las denuncias de agresión contra mujeres, permitiendo la libertad de agresores mediante la simple aplicación de garantías económicas, incluso en situaciones de extrema gravedad, en donde esta práctica no solo revictimiza a las sobrevivientes, sino que perpetúa la impunidad y el ciclo de violencia.

“Reafirmamos nuestro compromiso como defensores y defensoras de los derechos humanos, acompañando a nuestras comunidades en sus luchas, visibilizando las injusticias y exigiendo una respuesta institucional coherente, justa y respetuosa de la dignidad humana”, dice la CNDH