Cuando la junta de vecinos sustituye al Estado

Una mirada a la política desde el barrio.

Por Cristalina Jáquez Díaz

La Prensa

En muchos barrios de la República Dominicana, hay reuniones que no aparecen en ninguna agenda oficial. No tienen convocatoria institucional ni respaldo presupuestario, pero en ellas se deciden asuntos urgentes: cómo resolver la falta de agua, quién gestiona la reparación de una calle, cómo mediar en un conflicto entre vecinos, a quién acudir cuando el problema deja de poder resolverse en la casa. En esos espacios, donde no hay micrófonos ni cámaras, la política también ocurre, pero lo hace de una forma íntima y cercana.

La junta de vecinos, en este contexto, no es solo una forma de organización comunitaria. Es, en la práctica, una estructura que asume funciones que deberían corresponder al Estado. No por vocación de poder, sino por necesidad. Allí donde las instituciones no llegan, llegan las personas. Y lo hacen con lo que tienen: tiempo, vínculos, legitimidad construida en el trato diario y una capacidad de convocatoria que no depende de cargos, sino de la confianza.

Sin embargo, este desplazamiento no es neutro. Cuando estas estructuras comunitarias comienzan a resolver lo que el Estado no resuelve, no solo se llena un vacío: se reconfiguran las relaciones de poder. Como indica O'Donnell (1993), en muchos contextos latinoamericanos el Estado se configura de manera desigual, con zonas donde su capacidad de garantizar derechos es limitada, lo que abre espacio a formas informales de autoridad.

Ese rol que asumen los liderazgos comunitarios no es simbólico, es profundamente práctico. Son ellos quienes gestionan camiones de agua cuando el servicio falla, organizan jornadas de limpieza cuando la basura se acumula y median conflictos que, sin intervención oportuna, podrían terminar en desgracia. En ausencia de respuestas institucionales, la comunidad no se paraliza: se organiza. Pero esa capacidad de respuesta tiene un costo. Resolver de manera constante lo que debería estar garantizado como derecho, convierte lo extraordinario en rutina. Lo que comienza como una solución temporal termina naturalizándose y convirtiéndose en una forma permanente de funcionamiento. En ese proceso, como plantea Auyero (2001), estas dinámicas no solo responden a necesidades inmediatas, sino que estructuran relaciones de dependencia que terminan moldeando la experiencia cotidiana de la ciudadanía.

No se trata solo de organización comunitaria; se trata de una redistribución silenciosa de responsabilidades públicas. Mientras la organización barrial asume tareas básicas, el Estado se desplaza hacia una presencia intermitente, muchas veces más visible en la promesa que en la propia ejecución. De esta manera, lo público deja de ser garantía y se convierte en una gestión de contingencia que da respuesta sobre la marcha, dependiente de la capacidad de cada comunidad para sostenerse a sí misma.

Esa redistribución de responsabilidades no ocurre en el vacío. Como plantea Ziccardi (2004), la participación ciudadana en el ámbito local suele ser una respuesta a vacíos institucionales, configurándose más como una gestión de contingencia que como resultado de políticas públicas planificadas.

En ese escenario, la junta de vecinos también puede convertirse en un punto de intermediación política. Y ahí surge una tensión difícil de resolver. Por un lado, la necesidad real de recursos para la comunidad; por otro, el riesgo de que esa necesidad sea utilizada como mecanismo de control. La autonomía se negocia. La urgencia condiciona. Y lo que debería ser un ejercicio de ciudadanía se transforma, muchas veces, en una relación de dependencia.

El problema no radica en la existencia de estas organizaciones, sino en las condiciones en las que se ven obligadas a operar. Cuando el acceso a soluciones depende más de la cercanía con actores políticos que de derechos garantizados, lo que se debilita no es la comunidad: es la institucionalidad democrática. Porque cuando lo público se distribuye como favor, la igualdad deja de ser principio y se convierte en excepción.

Pensar el papel de las juntas de vecinos en la República Dominicana obliga a replantear la forma en que entendemos el Estado y la democracia. No se trata únicamente de reconocer la capacidad organizativa de las comunidades, sino de cuestionar por qué esa capacidad se ha vuelto imprescindible para garantizar lo básico. Cuando lo básico depende de la gestión comunitaria y no de políticas públicas sostenidas, la ciudadanía deja de ejercerse en condiciones de igualdad.

Lo que está en juego no es únicamente la capacidad de organización comunitaria, sino la forma en que se redistribuye el poder en contextos de ausencia institucional. Cuando el Estado no garantiza derechos, la comunidad no solo resuelve: también redefine quién decide, quién representa y en qué condiciones se ejerce la autoridad en el día a día.

En este escenario, el gobierno local —que debería ser la primera línea de respuesta institucional— aparece debilitado, muchas veces sin recursos suficientes o atrapado en las mismas lógicas que reproduce el nivel central. La descentralización, más que una realidad efectiva, se mantiene como una promesa incompleta.

Pero hay un límite que no debería cruzarse. La organización comunitaria no puede seguir siendo la solución permanente a la ausencia institucional. No puede normalizarse que la garantía de derechos dependa de la capacidad de gestión de cada barrio.

La pregunta, entonces, no es si las juntas de vecinos deben existir o fortalecerse. La pregunta de fondo es otra: ¿qué tipo de Estado se está construyendo cuando garantizar lo básico deja de ser una responsabilidad pública y pasa a depender de la capacidad de organización de cada comunidad?

Porque cuando eso ocurre, la democracia deja de ser un derecho compartido y se convierte en una experiencia desigual. Este artículo forma parte de la serie “La política desde el barrio”, una mirada a las formas en que el poder se construye, se disputa y se vive en el día a día.

Referencias

Auyero, J. (2001). La política de los pobres: Las prácticas clientelistas del peronismo.

Buenos Aires: Manantial. O'Donnell, G. (1993). Estado, democratización y algunos problemas conceptuales: Una perspectiva latinoamericana. Desarrollo Económico, 33(130), 163–184. Ziccardi, A. (2004). Participación ciudadana y políticas sociales en el ámbito local. México: UNAM