Caso Senasa 2.0 El MP da nuevo golpe a red desfalcó Senasa; caen 28 más
Pasadas las 8:00 de la noche continuaban los interrogatorios en la PGR. Los entrevistados se iban trasladando al Palacio de Justicia donde hoy conocerían medidas de coerción.
Si alguna duda había sobre el avance del caso Senasa 2.0, ayer quedó despejada con el arresto de 28 personas, incluidos varios profesionales de la salud, a quienes hoy se les conocerán medidas de coerción.
Sorprendido, el país conoció a primeras horas de la mañana los allanamientos simultáneos que el Ministerio Público ejecutó en medio del silencio de la madrugada, tomando desprevenidos a los propios imputados.
Con esta incursión, que abarcó el Distrito Nacional, el Gran Santo Domingo, Santiago, La Vega y Cotuí, el MP materializó la advertencia formulada el pasado 5 de febrero por el director de Persecución, Wilson Camacho, cuando la Corte de Apelación rechazó la solicitud de variar la medida de coerción a Santiago Hazín, exdirector del SeNaSa, principal imputado en el caso.
En aquella ocasión, Camacho dijo lo siguiente: “Muy pronto nos estaremos viendo de nuevo hablando de la versión 2.0 de la “Operación Cobra”, nombre con el que el órgano de persecución bautizó el entramado de corrupción que habría desfalcado a la institución estatal con más de RD$16,000 millones.
Los interrogatorios
Todavía pasadas las 6:00 de la tarde, Wilson Camacho, director de Persecución; Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Anticorrupción (PEPCA), junto a varios fiscales, continuaban los interrogatorios a los arrestados que todavía permanecían en la sede de la PGR, ya que, conforme terminaban las entrevistas, los imputados eran trasladados en minibuses de la institución a la cárcel de la sede judicial de Ciudad Nueva.
Aunque el MP se reservó los nombres de los imputados para la solicitud de medida de coerción, varios salieron a relucir a través de abogados que acudieron a representarlos y ofrecieron declaraciones a la prensa a su salida de la PGGR y de la Fiscalía del Distrito Nacional.
Medida de coerción es hoy
Tras el impacto provocado de las detenciones, la atención se traslada hoy al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde está previsto el conocimiento de las medidas de coerción solicitadas por el MP contra los arrestados.
Senasa y Senasa 2.0
La investigación del caso Senasa apunta a una red que, según el Ministerio Público, habría sido estructurada para la distorsión de procesos, la asignación de salarios y viáticos ilegítimos, el desvío de fondos a través de fundaciones y la ejecución de programas especiales sin sustento jurídico.
Senasa 2.0 es una nueva fase de las acciones judiciales desde la cúpula administrativa hacia la red de prestadores de servicios de salud (médicos, farmacias y centros de salud) que se dedicaban al cobro duplicado de facturas a SeNaSa y emisión de facturas por servicios o procedimientos médicos que nunca fueron realizados a los pacientes.
También cobro por medicamentos no suministrados a pacientes, entrega incompleta de tratamientos, venta de fármacos donados y uso de exoneraciones fiscales irregulares.
Se les atribuyen, además, alteración de balances y registros contables para ocultar desvío de recursos, uso indebido de habitaciones del Instituto Oncológico Regional del Cibao para realizar cirugías estéticas privadas; y ocultamiento, robo de archivos informáticos y manipulación de datos en las plataformas de autorizaciones médicas para borrar evidencias.
Con los nuevos 28 arrestados, los imputados en el caso SENASA suman 38.
Los primeros 10 Santiago Hazim, Ada Ledesma Ubiera, Cinty Acosta Sención, Eduardo Read Estrella, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Gustavo Enrique Messina Cruz, Heidi Pineda Perdomo, Rafael Luis Martínez Hazim y Ramón Alan Speaker Mateo.
Siete de ellos guardan prisión preventiva en los centros de corrección y rehabilitación (CCR) Las Parra y Najayo, respectivamente.
Órdenes allanamientos
Es la orden número 2026-AJ0080347, que fue emitida por Ana Lee Florimón, juez suplente del Noveno Juzgados a solicitud que le hizo la de la titular de la PEPCA el 15 de septiembre en curso.
Mediante la misma ordenó realizar allanamientos, tanto en horas del día como de la noche, en 35 residencias de personas investigadas, y el secuestro de los objetos, bienes y evidencias que guarden relación con el caso.
De las 35 residencias, a ser allanadas, cinco (5) pertenecen a la familia Guzmán Vargas: 4 localizadas en Cotuí y una en Santo Domingo Este.
Los demás investigados cuyas residencias están incluidas en la orden de allanamiento son Einstein R. Borromé Vásquez, Juan H. Poueriet, Hanna R. Rodríguez Almánzar, Luz E. Reyes Durán de Ramírez, Edwin A. Batista Cruz, José L. Díaz Hernández, Griselda A. Basora Ramírez, Juan G. Rodríguez Ravelo, Martha M. Saldaña Saldaña, Elsa E. De La Rosa Vásquez, Engels F. Díaz Mendoza, Keila B. Acosta Leonardo, Laura A. Santana Evangelista, Víctor F. Rodríguez García, Wellington A. Ledesma Cáceres, Wander M. Díaz Encarnación, Yocaira A. Méndez Beltré.
También fueron allanadas las residencias de Ray E. Mercedes Lugo, Steven Rabassa Fernández, Marcelino E. Figuereo, Eulalia F. Castro López, Ysabel Heredia Vallejo, Carlos Ynoa Olivero, Guillermo Dicló Garabito, Luis M. Tejada Moreno, Rafael M. Cabral González, María Batista Germán, Starky A. Rodríguez Nova y Rafael Messon Manzueta,
Además, se ordenó allanar las residencias de Heidy Coronado Paulino, y Lucreisy Polanco Núñez, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Rafael Messon Manzueta, Heidy Coronado Paulino, y la de Lucreisy Polanco Núñez.
POSICIÓN CMDGremio médico confía en justicia
Vigilará proceso
El Colegio Médico Dominicano (CMD) declaró ayer que respeta de manera “irrestricta” la independencia de la Justicia.
Indicó que investigar y establecer probables responsabilidades sobre los hechos imputados es una facultad exclusiva del Ministerio Público y el Poder Judicial.
“Nuestro centenario gremio respeta de manera irrestricta la independencia de la justicia y no respalda, promueve, ni ampara ninguna violación a las leyes”, dijo el presidente del CMD, Luis Alberto Peña Núñez, en un documento que firma junto con la secretaria general, Miossote Lazala.
Afirmó que el gremio se limitará “solo a vigilar que el proceso judicial se desarrolle en estricto apego a las leyes, observando el cumplimiento de las garantías constitucionales que amparan a todo ciudadano en el territorio nacional”, y confiado en que la justicia actuará con apego a la verdad y al estado de derecho de los médicos imputados.
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