Aberración Ministro Ambiente recurrió sentencia que mutila Jaragua

Llennis Jiménez

El ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Armando Paíno Henríquez, advirtió que es una “aberración” la sentencia de la Quinta Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) que ordena disminuir área del Parque Nacional Jaragua y anunció que la recurrió ante el Tribunal Constitucional.

La calificó de ilegal, inconstitucional y violaría las normas. “No hay forma de que esto pueda ser validado ni justificado, no tiene ninguna base jurídica”. Adelantó que no procede la irreductilidad de las áreas protegidas, por no tener ninguna base jurídica, a la vez, destacó que podrían ejecutar otras acciones legales -de la mano- para validar la anulación de la decisión del TSA.

Lo primero que van a pedir las autoridades de Medio Ambiente es la suspensión de la sentencia que afirman vulnera derecho.

El funcionario no entiende cómo el tribunal declaró la urgencia de derechos. Alertó que se debe evitar el precedente de cortar las áreas de la biodiversidad.

La sentencia de amparo que emitió el TSA, en noviembre del 2025, número 0030-1643-2025-SSEN-00786, interpuesta por Inversiones del Sur, S.R.L., la que consiguió el fallo que ordena quitarle 10 millones de metros cuadrados al Parque, argumentando dar cumplimiento a la Ley 266-04, que crea el Polo Turístico de la Región Suroeste. Sin embargo, en entrevista con el periódico Hoy, el ministro Hernández respondió: “Esa sentencia es una aberración. Violó todas las normas constitucionales porque es muy clara la Constitución de la República en la irreductibilidad de nuestras áreas protegidas y en cómo, en el caso de hacerlo, el proceso obliga a unas mayorías congresionales muy claras, que no hay capacidad”.

Acusó a los jueces que emitieron resolución judicial de no cumplir ningún tipo de proceso establecido. “Recurrimos en revisión ante el Tribunal Constitucional y ya lo hicimos esta semana. Estamos pidiendo Auto para fijación de audiencia”.

Sostuvo que equipos legales internos y externo de Medio Ambiente trabajan las acciones legales para atacar la sentencia que no tiene urgencia en la vulneración de los derechos, porque como dice, fallaron en base a la Ley 266-04, del 2004, de hace 20 años. “No entendemos cómo el tribunal valoró este proceso como urgente de vulneración de derecho, Eso no va a aguantar la revisión en un tribunal de mayor instancia. Confiamos en eso”.

Alertó que de pasar la sentencia “sería un precedente de la que no podrían entender las dimensiones que pudiera tener, dadas las consecuencias”.