Participación Ciudadana, capítulo dominicano de Transparencia Internacional, expresa apoyo total y firme a las acciones de la Procuraduría General de la República y sus adjuntos, en la lucha contra la corrupción, que en el caso de la Operación Calamar dijo es fruto de una investigación que por más de año y medio ha recogido pruebas de un desfalco al Estado, documentado 19 mil millones de pesos. Con su postura rechaza los argumentos del Partido de la Liberación que considera «persecución política» las acciones del Ministerio Público (MP) contra ex funcionarios de la pasada gestión que encabezó el presidente Danilo Medina. Considera que el MP actúa en cumplimiento de la función que le asigna la Constitución de la República de investigar, perseguir y someter a la justicia a toda persona que haya cometido algún delito, incluyendo por actos de corrupción. Puede leer: Caso Calamar | ¿Cuáles acuerdos suscribió el fallecido director de Bienes Nacionales? La mayor operación En un comunicado, leído en rueda de prensa, señala que el caso que se conoce desde el pasado domingo 19 es el más grande que se haya conocido en el país, así como la mayor operación de lavado de activos cometida en el menor tiempo, hasta el momento, en detrimento del patrimonio del Estado dominicano. Indica que esa organización nació y tiene cerca de 30 años abogando por un país libre de corrupción e impunidad, por lo que marcha y trabaja todos los días por este noble propósito nacional, por lo tanto celebra las contundentes investigaciones y fuertes expedientes que se han presentado desde el 2020. Sostiene que en la operación Calamar PC haría lo mismo que en las anteriores, estudiar el expediente y dar todo el respaldo que se merecen los cientos de fiscales, técnicos y personal de la PGR, así como los de la Contraloría General que, con un enorme esfuerzo, inteligencia y coraje logran develar amplias redes de corrupción que han azotado al país por décadas. Debido proceso Al igual que en los casos anteriores, PC solo solicita el apego al debido proceso y que sus expectativas se dirigen a la correcta actuación del sistema judicial y de todos sus actores, incluyendo el Ministerio Público y jueces, para que cumplan con su sagrado deber de hacer justicia sin importar banderías políticas, sin aceptar chantajes o presiones espurias, amparadas en el poder o el dinero que, algunos grupos y personas han acumulado sustrayendo los recursos de este pueblo. Rechaza firmemente cualquier acción dirigida a alterar el orden público y crear situaciones peligrosas como las ocurridas este 20 de marzo en las escalinatas del Palacio de Justicia del Distrito Nacional, en razón de que atentan contra la seguridad que debe rodear a cualquier proceso judicial.