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  • revistalaprensa55

INFORME ACERCA DE LA VIOLACION DE DERECHOS FUNDAMENTALES LA CARCEL JUANA NUÑEZ DE HERMANAS MIRABAL



POR LUCIANO BERTOZZO

PRESIDENTE DE LA FILIAL HERMANAS MIRABAL

DE LA COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS - CNDH-RD.

En la mañana de hoy, recibí una alerta de un miembro de la Filial Hermana Mirabal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sobre un joven con problemas mentales que había sido reapresado y golpeado brutalmente por militares en la cárcel pública de la Fortaleza Juana Núñez, por lo que en mi calidad de presidente de la Filial Hermana Mirabal de CNDH , me dirigí a la cárcel para investigar el asunto.

Una vez en la Fortaleza, me reuní con el médico, quien había estado esperando autorización para revisar al detenido, y luego me dirigí al director de la cárcel, José Alberto Paulino, solicitando ver al detenido, y que se le brindara asistencia médica.



El Director del recinto, Señor Paulino, informó que la demora se debía a la resistencia de los mandos militares, y supe que el encargado de seguridad era el teniente coronel Joselin Rivas.

Me comuniqué con la Procuradora fiscal Licda. Zoila Rodríguez Infante, quien acudió a la cárcel, mientras se permitió al médico revisar al detenido y recetar los medicamentos necesarios.

Después de esperar un poco más y con la presencia de la procuradora fiscal, finalmente pudimos ver al detenido.

El detenido presentaba múltiples golpes en los glúteos y hematomas en la cara, lo que indica que el detenido fue víctima de violencia física no relacionada con su captura, sino más bien un castigo corporal que podría ser calificado como tortura.

Esta acción fue ejecutada por un grupo de personas y el detenido informó que los perpetradores eran militares.

Este incidente constituye un acto de extrema gravedad, perpetrado por las personas encargadas de garantizar la seguridad de los internos, y permitido por quienes deberían supervisar su trato. Si estos actos no son castigados con el mayor rigor, pueden convertirse en prácticas rutinarias que violan gravemente el estado de derecho.

Lo que agrava aún más la situación es que esta violencia gratuita fue perpetrada contra un enfermo mental, indefenso e inmovilizado.


Exigimos una profunda investigación y medidas para erradicar y prevenir toda práctica de tortura, castigo corporal y violencia gratuita por parte de las autoridades estatales. Además, hacemos un llamado a las organizaciones de la sociedad civil, los medios de comunicación y la ciudadanía para que vigilen permanentemente el respeto de los derechos fundamentales de las personas.

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