POR RAFAEL SANTOS
La política después de la filosofía, es considerada la ciencia más importante. Sin embargo, es poco (por no decir nada) lo que nuestros partidos del sistema electoral hacen para que quienes estén afiliados o no, puedan adquirir los conocimientos, aunque sean los elementales y hacer de nuestra sociedad un poco más avanzada.
La ley 3318, Sobre Partidos, Movimientos y Agrupaciones Políticas, en los artículos desde el 36 hasta el 40, establece muy claro y mediante mandato hacia el interior de sus miembros, la educación política como base principal para el desarrollo interno de dichas organizaciones.
Ahora bien, y según observamos, a la gran mayoría de las encumbradas dirigencias de los partidos, al parecer es poco lo que le importa el desarrollo de sus miembros, violando con ello lo dictado por la misma ley de partidos; y peor aún, no existen estamentos legales que tiendan a condenar esa inactividad de los partidos, lo que convierte a la misma ley en un elemento con serias deficiencias en esta materia.
Tanto la ley 29 11 del Tribunal Superior Electoral (TSE) como la ley Orgánica de la Junta Central Electoral (JCE 15 19) deben servir (no de cuco) sino de guardianas para que estos artículos (36 al 40 de la 3318) se cumplan, aunque para esto, claro está, se tengan que modificar ambas para beneficio de toda la sociedad dominicana política.
El país no puede continuar siendo un semillero de entes que se dicen ser políticos, pero que no tienen en sus cerebros ni la más mínima noción de esta ciencia, y lo peor es, que muchos llegan a ocupar posiciones electorales o no, manejando multimillonarios recursos que muchas veces y por la falta de una buena orientación en cuanto a políticas públicas se refiere, cometen las más graves de las acciones en perjuicio de quienes mantienen precisamente los partidos.
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